Perú y Ecuador conforman un equipo conjunto para investigar al crimen organizado transnacional
Las máximas autoridades de las fiscalías de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo que conforma un equipo conjunto de investigación (ECI) para llevar adelante una importante investigación sobre crimen organizado transnacional que abarca ambos países.
Suscrito el 29 de septiembre de 2026 en el Valle Sagrado del Perú, en el marco de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el acuerdo culmina un complejo proceso bilateral que contó con el apoyo del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés) del Basel Institute on Governance.
ICAR ya brinda asistencia técnica a las investigaciones en Perú y Ecuador, y continuará con ese apoyo dentro del nuevo esquema de trabajo conjunto.
¿Por qué se necesita un equipo conjunto de investigación?
Porque ayuda a resolver un problema simple, pero cada vez más urgente. Los grupos criminales organizados pueden operar a través de las fronteras como estructuras integradas, mientras que los sistemas de justicia penal siguen confinados, en gran medida, a los límites nacionales.
Esos límites pueden convertirse en obstáculos para una persecución penal eficaz en casos transnacionales complejos.
Los equipos conjuntos de investigación contribuyen a reducir esa brecha, ya que permiten que fiscales e investigadores de distintas jurisdicciones planifiquen diligencias de investigación, coordinen la obtención de pruebas y desarrollen una estrategia común.
Un compromiso de alto nivel para investigar de manera conjunta
El acuerdo se firmó durante una sesión cerrada de alto nivel celebrada en paralelo a la reunión de la AIAMP, que congregó a fiscales de alto nivel y a funcionarios de cooperación internacional de ambos países.
Por el Perú participó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, junto con fiscales de alto nivel a cargo de la cooperación internacional, la criminalidad organizada y la recuperación de activos. Por el Ecuador participaron el fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, y el jefe de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.
El equipo de ICAR para América Latina facilitó la sesión y seguirá apoyando la implementación en el marco de sus convenios de cooperación de larga data con los ministerios públicos de ambos países.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, subrayó:
El acuerdo es importante, pero es solo el punto de partida. Lo que importa ahora es que las autoridades confíen unas en otras y trabajen juntas. Estas organizaciones criminales no respetan fronteras y ningún país puede enfrentarlas solo. Necesitamos una cooperación estrecha y constante. Si no actuamos ahora, la violencia seguirá creciendo, la ciudadanía estará en mayor riesgo y el Estado perderá el control en lugares donde los grupos criminales ya intentan imponer sus propias reglas.
Gálvez también agradeció al Basel Institute por su apoyo de larga data y por facilitar y brindar asistencia técnica para la conformación del equipo conjunto de investigación.
Por su parte, el fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, destacó igualmente la importancia de un respaldo institucional sostenido. Tras agradecer a sus pares peruanos por la acogida, comprometió el apoyo de la Fiscalía General del Estado a una investigación cuya magnitud y carácter transfronterizo exigen una estrecha cooperación entre ambas instituciones.
Alarcón pidió a su equipo de cooperación internacional mantener una estrecha coordinación en el caso y reconoció la contribución de ICAR para acercar a ambos ministerios públicos en torno al nuevo marco de investigación.
En profundidad: los equipos conjuntos de investigación en América Latina
Los equipos conjuntos de investigación representan un avance positivo en la práctica investigativa, en particular para casos complejos que no pueden abordarse eficazmente dentro de los límites de una sola jurisdicción.
Sin embargo, ponerlos en práctica en América Latina no siempre es sencillo. A diferencia de Europa, la región no cuenta con un marco jurídico armonizado que regule su creación y funcionamiento. Por ello, cada acuerdo debe construirse a partir de los instrumentos internacionales aplicables y de las normas procesales de los países participantes.
Esto exige un equilibrio cuidadoso. El trabajo conjunto debe respetar las competencias, los procedimientos y las garantías de cada Estado soberano y, a la vez, ser coherente con los estándares internacionales de cooperación.
Ese equilibrio no siempre es fácil de lograr, pero resulta especialmente importante cuando la gravedad y la urgencia de los delitos investigados exigen una respuesta más rápida e integrada.
Desafíos en materia probatoria
La obtención de evidencia es un buen ejemplo de lo que implica la búsqueda de ese equilibrio en la práctica.
Una investigación conjunta puede hacer que su obtención e intercambio sean considerablemente más directos, pero esto debe ir acompañado de reglas claras sobre documentación, cadena de custodia y garantías procesales.
En última instancia, la prueba obtenida de manera conjunta debe superar el escrutinio judicial y resistir los cuestionamientos de la defensa.
De lo contrario, un juicio penal destinado a determinar la culpabilidad y la responsabilidad corre el riesgo de convertirse en una larga disputa sobre si la prueba puede siquiera ser admitida o valorada.
La cooperación transfronteriza, en revisión
En muchos países de la región, la regulación procesal de los equipos conjuntos de investigación sigue siendo limitada.
Además, la existencia de un acuerdo para investigar de manera conjunta no elimina, por sí sola, los requisitos que normalmente rigen la cooperación penal internacional entre Estados soberanos. Según la medida de que se trate, es posible que aún deban cumplirse requisitos como la doble incriminación, el principio de especialidad, la autorización judicial y otras garantías procesales.
La forma en que se apliquen estos principios deberá evaluarse caso por caso a medida que avance la investigación conjunta, sobre todo cuando la prueba esté destinada a ser utilizada ante tribunales nacionales.
En el Perú, la experiencia de este y otros casos ya ha nutrido una propuesta legislativa, que contó con el apoyo técnico del Basel Institute, para incorporar al Código Procesal Penal disposiciones específicas sobre los equipos conjuntos de investigación, en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa del fiscal de la Nación. El objetivo es brindar mayor seguridad jurídica a futuras investigaciones conjuntas, sin perder la flexibilidad que hace que este mecanismo sea útil en la práctica.
La recuperación de activos integrada en la investigación conjunta
Un aspecto destacable del acuerdo es que incorpora la recuperación de activos al marco de investigación conjunta desde el inicio. En virtud del acuerdo, Perú y Ecuador establecieron un marco común para coordinar la identificación, el rastreo, el aseguramiento y el eventual decomiso de activos en ambas jurisdicciones, en lugar de dejar estas cuestiones para una etapa posterior de la investigación.
Esto da efecto práctico a un principio ampliamente reconocido en las investigaciones sobre criminalidad organizada en la región: desarticular las organizaciones criminales también implica atacar las estructuras financieras que las sostienen.
Oscar Solórzano, Director para América Latina del ICAR, señaló:
Frente a una criminalidad cada vez más compleja y global, la cooperación entre Estados es la única manera de responder eficazmente. Necesitamos utilizar de manera eficiente todos los mecanismos de cooperación bilateral y regional a nuestra disposición y superar la clásica dicotomía entre crimen organizado y justicia desorganizada. Ese es el espíritu de este equipo conjunto de investigación que busca acciones concretas, mediante operaciones y procedimientos coordinados que permitan perseguir a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, desmantelar las estructuras financieras que las sostienen.
En una investigación transfronteriza, una estrategia coordinada de recuperación de activos permite a las autoridades evaluar, a medida que avanza el caso, qué herramientas jurídicas disponibles en cada jurisdicción ofrecen mejores perspectivas para rastrear, asegurar y, en última instancia, recuperar los activos. Contar con reglas claras también puede ayudarles a anticipar cómo se coordinarán las medidas y cómo podrá disponerse de los activos decomisados o cómo podrán repartirse, en su momento, conforme al marco jurídico aplicable.
Relevancia más amplia para los resultados de recuperación de activos en América Latina
Para ICAR y el Basel Institute, esto es especialmente relevante. Nuestro trabajo de larga data en materia de recuperación de activos y cooperación internacional en América Latina ofrece una base sólida para esta forma más integrada de apoyo. También exige vínculos más estrechos con socios que puedan ayudar a abordar los desafíos prácticos que surgen en las investigaciones conjuntas.
Actualmente, el Basel Institute se encuentra en la etapa final de la suscripción de un memorando de entendimiento con IberRed (Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), orientado a fortalecer el apoyo al intercambio y la transferencia seguros de información y pruebas.
Estos esfuerzos reflejan cómo ICAR combina el apoyo operativo con conocimiento aplicado derivado de casos reales y de procesos de cooperación.
Más información
- Entérate de más sobre los programas de recuperación de activos del Basel Institute on Governance y los programas actuales en América Latina.