El Basel Institute on Governance, como entidad internacional dedicada a promover la buena gobernanza y a combatir la corrupción, ha seguido de cerca los avances legislativos en materia de recuperación de activos en el Perú y en América Latina. En este sentido, advertimos el importante retroceso que significaría la aprobación del Proyecto de Ley 3577-2022, que busca modificar la Ley de Extinción de Dominio, desnaturalizando su contenido y reduciendo su ámbito de aplicación de manera contraria a la política criminal vigente y a los estándares internacionales que el Perú como Estado está obligado a respetar.

Con no poco esfuerzo, el Perú se ha logrado ubicar entre los países más destacados en materia de recuperación de activos en los últimos años, tanto al nivel doméstico como internacional, generando la admiración de la comunidad internacional en esta materia. Testimonio de esto son los números casos internacionales que Perú ha conseguido ganar desde la puesta en marcha del sistema nacional de recuperación de activos. Uno de los factores clave, es sin duda la Extinción de Dominio, una ley regional que permite la recuperación de activos ilícitos, fuera de un proceso penal, cuando un Tribunal reconoce su carácter ilícito.

El Proyecto de Ley 3577-2022 significa el desmantelamiento del subsistema de Extinción de dominio por varias razones, entre las principales:

• Desnaturaliza al instituto jurídico del decomiso sin condena. Al introducir como condición básica para su aplicación una condena penal, el Proyecto vuelve a la actual ley inútil en su aplicación e introduce una contradicción fundamental que carece de lógica y de justificación jurídica aparente.
• Debilita, entiéndase desmantela en la práctica, el subsistema descentralizado de Extinción de dominio. Desde la adopción de la ley en el 2019, el Perú, con el apoyo de la comunidad internacional y las organizaciones internacionales especializadas en esta materia, ha realizado denodados esfuerzos para crear un subsistema único en la región que implicó la creación de fiscalías, procuradurías y juzgados especializados descentralizados. Lo que inicialmente se concibió como una buena práctica internacional, quedaría sin efecto práctico si se reduce abruptamente el ámbito de aplicación de la ley como pretende hacer el Proyecto de ley.
• Graves consecuencias reputacionales y económicas para el Perú. Desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en el 2003 – pero particularmente desde noviembre del 2023 con la adopción de nuevos estándares globales en materia de recuperación de activos – el decomiso sin condena (del cual hace parte la Extinción de Dominio) se ha convertido en un estándar internacional. En efecto, las nuevas recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financieras Internacional (GAFI), una organización global de lucha contra las finanzas ilícitas, introduce de manera obligatoria la adopción de leyes como la Extinción de dominio en los países miembros. El Proyecto de ley es contrario a la letra y el espíritu de estas recomendaciones y las contradice profundamente. En ese contexto, cabe señalar que el Perú se apresta a pasar la 5ta ronda de evaluaciones del GAFI y es de esperarse que este retroceso legislativo afecte notablemente su performance y, por tanto, los resultados de la evaluación. Las consecuencias de lo anterior, podrían traer consecuencias reputacionales y económicas importante para el Perú.
• Favorece el desarrollo del crimen organizado y violento en el Perú. Uno de los elementos clave de las leyes de recuperación de activos es la disuasión. La evidencia empírica demuestra que las organizaciones criminales se desarrollan en países que carecen de estas herramientas jurídicas indispensables. Es de esperarse por tanto que el debilitamiento de la ley de Extinción de dominio, tendrá un impacto certero en la expansión del crimen organizado en el Perú, con consecuencias difíciles de estimar.

Por los motivos antes esgrimidos, el Basel Institute on Governace hace un llamado a la reflexión y a la búsqueda de consensos en beneficio de la ciudadanía y de la justicia del Perú. En particular, se hace un señalamiento a las autoridades legislativas competentes, las autoridades judiciales, los colegios profesionales y a la sociedad civil organizada de las graves consecuencias que la adopción del Proyecto podría tener en el Perú.

Si bien se debe reconocer que en la implementación del subsistema se han podido identificar algunas disfuncionalidades consideramos que la solución debe transitar por otros senderos que los que plantea el Proyecto. Por otro lado, no es inhabitual que la implementación de un sistema tan complejo, que introduce además un cambio paradigmático en las reglas de la justicia, haya generado dudas y reacciones de todas las partes interesadas. Consideramos, sin embargo, que dichas disfuncionalidades emergen en el contexto de la aplicación de la ley y no necesariamente en su concepción o legitimidad jurídica y social, ya que, como se ha dicho, este tipo de leyes constituye un estándar internacional reconocido, incluso por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos.

Por lo expuesto, consideramos que la aprobación del mencionado proyecto es apresurada y requiere mayor debate, reflexión y la generación de consensos. El Basel Institute on Governance se pone a disposición del Estado peruano para colaborar en este proceso, brindando asistencia técnica y compartiendo nuestra experiencia internacional. Creemos que una reforma integral de la Ley de Extinción de Dominio debe ser una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho y recuperar los activos ilícitos en beneficio de la sociedad peruana.

Oscar Solorzano
Director del Basel Institute-Perú

Más información

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• Lea nuestro Working Paper 54: Targeting illicit wealth through non-conviction based forfeiture: Identifying human rights and other standards for Latin America.
• Lea la Guía de Buenas Prácticas sobre Extinción de Dominio y Decomiso no Basado en Condena y un blog relacionado de Oscar Solórzano.
• Consulte también nuestra YouTube playlist sobre la recuperación de activos en América Latina.